Pero no todo es tan rápido como lo explica la ley. Los juzgados en España están colapsados. Así que la recuperación de una vivienda no se resuelve normalmente entre tres y cinco meses. Puede durar años, y mientras el propietario se sigue haciendo cargo de los gastos de IBI, hipotecas y gastos varios. Además, los okupas suelen presentar facturas falsas, lo que retrasa el trámite judicial. Por otra parte, los poderes públicos tienen que ofrecer soluciones de exclusión social, especialmente a los sectores más vulnerables, de manera que algunos desahucios se complican mucho si en su interior hay menores o personas vulnerables, porque las autoridades tienen que ofrecer una vivienda social en un periodo de siete días.
De momento, el único avance ha venido de la mano del fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, que acaba de dictar una instrucción que da vía libre a que policías y la guardia civil actúen en los domicilios okupados sin necesidad de orden judicial. De otra parte, la Policía aconseja la instalación de alarmas, porque cuando estas saltan ya no se actúa con el protocolo de las okupaciones, sino contra un robo o allanamiento de morada. Y ahí ya no hay discusión judicial.